En su primera y emotiva reunión con su hija, en la oficina de Servicios Sociales de Alexandria, los Velásquez notaron que la niña traía puesta la misma ropa con la que se la habían llevado la semana anterior.
-Tal vez la madre de crianza la lavó -dijo Alice a su marido.
Pero cuando cambiaron a Liliana se dieron cuenta de que no era así. Su ropa interior estaba manchada y la pequeña tenía un sarpullido tan severo que las nalgas le sangraban.
La policia de Alexandria Tenía conocimiento de dónde y cuándo veían los Velásquez a su hija. Entonces decidieron arrestar a Miguel por el delito de maltrato de menores.
Miguel salió libre bajo fianza, pero surgieron problemas nuevos. Llevaba ya muy adelantado el trámite para obtener la ciudadanía estadounidense, pero ahora, por haber sido acusado de un delito, se enfrenta a una posible deportación.
En su empleo en el Pentágono, Alice fue reprendida por llorar mientras estaba de servicio. Bajó de peso y se desmayó durante el entrenamiento físico.
Cada vez que veían a Liliana, los Velásquez se sentían desesperados. Estaba sucia, tenía sarpullido, a veces parecía febril o débil y no estaba creciendo. Dicen que informaron de todo a su trabajadora social y a los abogados nombrados por la corte, pero nada cambió.
En la primavera, el defensor de oficio de Miguel obtuvo una orden de la corte para examinar a la niña. Cuando los resultados se conocieron en septiembre, confirmaron que Liliana tenía osteogénesis imperfecta tipo 1. Los principales síntomas: fracturas.
Al conocer el diagnóstico, el fiscal del estado de Virginia, Roger Canaff, habló con la doctora Craig, quien escribió después que la prueba era "de naturaleza experimental" y que los médicos que interpretan las radiografías de un niño con OI deben buscar indicios de huesos defectuosos. Los de Liliana, dijo, se veían "completamente normales". Otros médicos militares opinaron lo mismo.
En realidad la prueba del colágeno óseo es considerada la "prueba definitiva" de la Oi desde finales de los años 80. Es sumamente confiable. Si arroja un resultado negativo, aun así existe la probabilidad de que el niño padezca esta enfermedad, pero no puede haber resultados positivos falsos. Los médicos militares estaban equivocados.
Pero entonces adoptaron la postura de que incluso si Liliana tenía OI, había sido maltratada físicamente. Los mensajes electrónicos que intercambiaron Canaff y Craig decían que los Velásquez "mienten y exageran", hacen "declaraciones absurdas" y "no son dignos de confianza".
Canaff ofreció reducir el cargo de delito grave a delito menor si Miguel se declaraba culpable. Miguel respondió que no había dañado a su hija, y que jamás diría haberlo hecho.
En octubre de 2000, un mes después del diagnóstico de OI, Alice y Miguel descubrieron una quemadura en el pie derecho de Liliana. Le tomaron fotos y acudieron ante un juez. Se las mostraron y mencionaron otras fallas en el cuidado de la niña. Querían que les devolvieran a Liliana, o que al menos la trasladaran a otra casa de crianza. No lo consiguieron.
Unos meses después, las trabajadoras sociales se negaron a permitrir que los Velásquez vieran a Liliana a menos que aceptaran no tomarle más fotos.
A estas alturas, Alice había perdido mucho peso. El Ejército la dio de baja. Eso los dejó sin ingresos y sin seguro médico; además, les estaban cobrando U$700 al mes por la manutención de la niña. El nombre de Miguel se había inscrito en el registro de "maltratadores" de Virginia, y no lograba encontrar empleo.
Alice y Miguel no habían visto a su hija en dos meses cuando se enteraron que estaba en el hospital. La habían llevado allí inconsciente, con muy baja concentración de glucosa en la sangre. Al parecer no había comido.
Una enfermera le dijo en privado a Alice que su hija había sido hospitalizada ahí muchas veces antes, y le explicó cómo conseguir los expedientes. La madre descubrió que Liliana había estado en el hospital siete veces, casi siempre por deshidratación. Ni los Velásquez, ni el abogado nombrado por la corte, ni el pediatra habían sido informados.
Unos días después, relata Alice, una trabajadora social les dijo que si no confesaban haber provocado las lesiones de Liliana, era probable que jamás se las devolvieran. "Pronto la vamos a ofrecer en adopción".
Ceder a la voluntad de los burócratas habría sido la salida más fácil. Alice y Miguel estaban arruinados. Su iglesia les daba comida y les pagaba el alquiler de la casa. Una larga lista de abogados se había negado a ayudarles en un caso contra el estado. Aun así no se dieron por vencidos.
Afortunadamente, por esa época les fue recomendada Dorothy Isaacs, socia de un prestigioso bufete de abogados. La mujer aceptó el caso.
Tras más de una década de ejercer la abogacía, Isaacs no se conmovía fácilmente. Escucho a Alice y Miguel, leyó sus documentos y verificó sus antecedentes. Y se enfureció. "Creo que hay cosas que vine a hacer en este planeta", dice. "Recuperar aLiliana y limpiar el nombre de Miguel están entre ellas".
Lo primero que hizo Isaacs fue ayudar a Liliana a otro hogar de crianza. Luego, en julio de 2001, 10 meses después del diagnóstico de OI y 17 mese después de que se la arrebataran a sus padres, Liliana volvió a casa. en la primavera de 2002 los Velásquez obtuvieron su custodia legal.
a fines del verano de 2004, la Corte de Apelaciones de Virginia revocó el fallo de maltrato en contra de Miguel, y declaró que el Departamento de Servicios Sociales había cometido un error. Era la primera decisión de esta índole en un caso de maltrato en la historia del estado.
Todavía pasaron dos meses antes de que el nombre de Miguel fuera eliminado del registro de maltratadores.
"Le debo todo a Dorothy Isaacs", asegura. "Me devolvió no solo a mi hija, sino mi buen nombre".
Finalmente, Isaacs presentó una demanda en la corte federal de distrítocontra el gobierno, y acusó a los médicos que habían tratado a Liliana de negligencia médica, imposción deliberada de sufrimiento emocional y juicio malintencionado.
El 11 de octubre de 2005, Isaacs empezó a exponer los detalles del sufrimiento de la familia. Tras revisar mil páginas de expedientes, expertos tanto en maltrato de menores como en OI concluyeron que los médicos militares "incumplieron las normas del cuidado infantil" al dar por sentado precipitadamente que Liliana había sido maltratada por su padre, al no hacer un diagnóstico diferencial y al insistir en que había habido maltrato incluso después del diagnóstico de OI.
Se llegó a un arreglo, pero no se reconoció que se hubiera violado la ley. Sin embargo los Velásquez recibieron U$950,000. Cerca de la mitad se destinó a gastos jurídicos, y se creó un fideicomiso de U$150,000 para la niña. Hasta donde se sabe, nadie fue despedido o reprendido, ni en los hospitales ni en la casa de crianza.
Después de que los Velásquez pagaron sus cuentas pudieron adquirir una casa para la familia, que hoy tiene dos miembros nuevos: Tahlia, de cinco años, y Korbin, de dos. Tahlia tiene OI, pero su hermano no. Liliana, hoy de siete años, aún tiene pesadillas, pero no muestra problemas derivados de su horrible experiencia. Está en casa con sus padres, que tratan de darle una vida normal.
Después de la firma de los papeles, el juez Richard D. Bennett leyó un comunicado oficial en el que hablaba de la "pesadilla" que vivieron los Velásquez. Alentó a Miguel a buscar la ciudadanía, y les dijo algo que rara vez se oye en una corte: "Les ofrezco una disculpa en nombre del gobierno de Estados Unidos". Luego se acercó a ellos y les estrechó la mano.
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